Modificación de los «Decretos Salvini»: un cambio solo de fachada

de Osservatorio Repressione
Publicado en italiano en OsservatorioRepressione el 06/10/2020
Traducción inédita

Tras meses de tergiversaciones, ayer por la noche fueron finalmente aprobadas las modificaciones a los conocidos como «Decretos Salvini», propuestas por el gobierno de coalición formado por el Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas.

Las modificaciones propuestas prevén el restablecimiento del permiso humanitario (denominado «permiso especial») y del sistema de acogida diseminada por el territorio para todas las personas que soliciten el asilo, y no solo para refugiados y menores, y reducen los tiempos de retención en los centros para la repatriación [CPRs, similares a los CIEs españoles, N. del T.], de 180 a 90 días. En cambio, el nuevo decreto deja vigentes las multas a los barcos de las ONGs que actúan en el Mediterráneo, aunque disminuye su cuantía. La violación de la prohibición de entrada en el país será a partir de ahora penal y no administrativa, por lo que de estos casos pasarán a ocuparse los tribunales y no solo el ministerio de Interior. Y los tiempos para adquirir la nacionalidad pasan de los cuatro años previstos en el actual decreto a tres. Pero las normas sobre «inmigración, seguridad y acogida» recogidas en el nuevo decreto establecen también el arresto inmediato para quien provoque daños a un CPR, es decir, para las personas migrantes que se rebelen dentro del campo de concentración en que viven.

Por otro lado, queda intacta toda la estructura legal sobre represión y criminalización de las luchas sociales. No se ha modificado ni un ápice de las vergonzosas penas contra los cortes del tráfico (de hasta 6 años), una acción utilizada en casi cualquier escenario de conflicto laboral y territorial, y cuya criminalización ha sido estudiada específicamente para reprimir las luchas de la logística y del movimiento No TAV. Tampoco se han modificado las normas más restrictivas para quien participe en manifestaciones y lleve consigo instrumentos defensivos como cascos o escudos, o para quien realice “lanzamientos” (por ejemplo, de pintura o material pirotécnico) contra objetivos no personales.

Además, se ha añadido, bajo sugerencia de los ministros de Justicia, Alfonso Bonafede, y de Interior, Luciana Lamorgese, la posibilidad para los responsables policiales de utilizar el DASPO [medida preventiva inicialmente usada para prohibir a una persona participar como público en eventos deportivos por considerarla peligrosa, N. del T.] para cualquier persona que haya sido denunciada o condenada por actos de violencia en el exterior de un local público. También se endurecen las penas para quien participe en peleas callejeras, aumentando la multa de 309 a 2.000 euros y la reclusión —si alguna persona resultara herida o muriera— de un mínimo de 6 meses a un máximo de 6 años. Y para quien no respete el DASPO se prevé una reclusión de hasta dos años y una multa de hasta 20.000 euros. Otra novedad es que se aplicará el DASPO a cualquier persona que haya sido denunciada o condenada por venta de droga en las cercanías de colegios, institutos, universidades, tiendas o locales, así como la creación de una lista de lugares normalmente usados para la venta de droga.

No es cierto que el nuevo decreto del gobierno sobre inmigración supere realmente el «Decreto Salvini». De ello está convencido el abogado Salvatore Fachile del ASGI, la Asociación de Estudios Jurídicos sobre Inmigración: «El decreto Larmogese [sucesora de Matteo Salvini como ministra de Interior, N. del T.] introduce nuevamente la protección humanitaria y devuelve al SPRAR —es decir, a un sistema de acogida más estructurada (aunque solo teóricamente, porque en la práctica no dispone de plazas libres)— las competencias de acogida de personas que soliciten asilo. En este caso, el nuevo decreto devuelve las dos cuestiones al sistema existente antes del “Decreto Salvini”. En cambio, no toca, más aún, empeora, la condición general de detención de las personas que solicitan asilo y los procedimientos acelerados para evaluar sus solicitudes, a los que se ve sometida la persona migrante, vulnerando así sus garantías y el derecho de asilo».

Además, para el abogado del ASGI, el nuevo decreto no altera sustancialmente el ataque a las ONGs que realizan labores humanitarias de personas migrantes en el Mediterráneo.