de Bologna For Climate Justice
Publicado en Bologna For Climate Justice el 26/09/2022
Traducción inédita
Tendremos un gobierno contra la transición ecológica, que querrá construir incineradores, centrales nucleares, regasificadoras, explotar las (escasas) fuentes fósiles presentes en el vientre del Belpaese, proyectar nuevas obras faraónicas para mover las inversiones (y garantizar los beneficios), cementificar suelo agrícola, etc. Un gobierno que no afrontará la cuestión de la calidad de lo que se produce y la vida de quien lo produce; que no le pedirá a nadie que ponga al servicio de la comunidad sus ingentes beneficios, al mismo tiempo que reducirá los derechos y criminalizará a las minorías y a quienes, huyendo de la guerra, las crisis económicas, la represión y los desastres medioambientales, intenten atravesar el Mediterráneo en una embarcación maltrecha.
En resumen: tendremos el mismo gobierno que habríamos tenido cualquiera hubiese sido el veredicto de las urnas.
Porque la crisis climática –y sus dramáticos efectos sociales– no tiene hueco en los espacios institucionales. Y la razón es simple: enfrentarse a ella, garantizando una vida digna para todos y todas, significaría poner en cuestión intereses ya consolidados y posiciones de privilegio que en esos mismos espacios tienen una influencia fuertemente enraizada, cuando no una auténtica presencia material.
Hace un año, Re:Common informaba de la existencia de un protocolo entre ENI y el ministerio de Exteriores que permite al gigante petrolífero italiano colocar a sus empleados en los departamentos diplomáticos durante un periodo ilimitado de tiempo [con el objetivo de «facilitar un “puente” entre la acción diplomática italiana y los intereses de la empresa», N. del T.]. Las multinacionales que se enriquecen con el calentamiento global son las mismas que financian los grandes festivales de música, e incluso la fiesta del Uno de Mayo organizada por los grandes sindicatos. Nos las encontramos entre las páginas de los principales periódicos, con anuncios publicitarios o artículos patrocinados y, en demasiadas ocasiones, en los colegios, institutos y universidades, apoyando económicamente determinados programas educativos cuyos contenidos son cuanto menos discutibles.
Cuando hablamos de justicia climática, lo hacemos dando por descontado que ésta no se construye dentro del “sistema” en el que vivimos. Que no se trata de un conjunto de compensaciones, mitigaciones y mediaciones, como intentan hacernos creer los responsables, por ejemplo, de haber aprobado grandes coladas de cemento como el ensanchamiento de la circunvalación en Bolonia. Justicia climática significa enfrentar la pobreza energética, garantizar a todos y todas bienestar, promover la educación escolar y el acceso a la cultura, redefinir el espacio público, cambiar las prioridades en las cuales invertir los fondos públicos, rechazar la guerra y recortar las financiaciones a la industria bélica, reafirmar el derecho a la movilidad colectiva y sostenible, y muchas otras cosas que son perfectamente coherentes con el objetivo de reducir las emisiones que alteran el clima, pero que no lo son con los intereses económicos dominantes.
Hace casi un año, Oxfam divulgaba un estudio que demostraba una evidente relación causa-efecto: cuanto más aumenta la riqueza, más aumentan las emisiones de CO2. Y esto mientras en el mundo los superricos son cada vez más ricos. En otras palabras, el estudio dice que no es la humanidad la que ha alterado dramáticamente los equilibrios naturales del planeta. La responsabilidad es, en realidad, del capitalismo, y de su principio más inhumano: aquel que dice que la riqueza puede ser acumulada, en vez que compartida. Tendremos un gobierno que será fiel a ese principio –igual que lo han sido todos los gobiernos que hemos tenido hasta ahora– y que, por ese motivo, hará de todo para impedir la justicia climática.
En este contexto, ahora que hemos dejado atrás la campaña electoral, miramos con confianza hacia la manifestación del 22 de octubre, las relaciones convergentes que se están construyendo, la urgencia de imaginar alternativas que no pasen por las estancias del parlamento y los ayuntamientos, sino que se construyan en las plazas y calles de nuestras ciudades.
“A sarà düra” [“Será duro” en dialecto piamontés, N. del T.], gritan desde hace años y con orgullo las y los No TAV, refiriéndose a la construcción de la nueva línea ferroviaria de alta velocidad y alta capacidad. No hay duda de que serán meses difíciles para nosotros, pero también que tendremos que hacérselos difíciles a ellos, como hacen desde hace décadas las habitantes de la Val Susa con quienes quieren devastar su valle. Las palabras de los No TAV pueden ser las palabras de una resistencia que, en las calles, se convierta en alternativa real, que converja para insurgir, que construya justicia climática. Y, queriendo retomar los muchos eslóganes que forman parte de nuestra caja de herramientas, hoy no podemos sino preguntarnos: “Si no ahora, ¿cuándo?”.
Por esto, y por mucho más, por todo, fight for climate justice.
A este lado del Mediterráneo 