La policía odia a los y las jóvenes

de Redacción Infoaut
Publicado en italiano en Infoaut el 07/05/2024
Traducción inédita

La vida de los y las jóvenes de nuestro país resulta especialmente complicada. Tienen que medirse con la falta de perspectivas, condiciones sociales, de estudio y laborales, a menudo en progresivo empeoramiento, además de con una creciente estigmatización. Por si fuera poco, en los últimos meses hemos asistido a un endurecimiento de la violencia policial y las intimidaciones en su contra.

Si la actitud de los anteriores gobiernos respecto a las movilizaciones juveniles había sido ya especialmente dura (véase el ciclo de luchas contra la alternancia escuela-trabajo), con el gobierno Meloni se ha producido un evidente salto cualitativo, especialmente desde que la solidaridad con el pueblo palestino asediado en Gaza ha llenado las calles de gente muy joven, la cual ha tomado conciencia de lo que está ocurriendo y ha decidido hacer oír su voz. En este país, cada dos por tres se habla de la desidia y la falta de compromiso de la juventud, pero cuando los y las jóvenes empiezan por fin a expresarse, aparecen expertos, periodistas y políticos con el ya clásico rosario de estigmatizaciones. Aún más, en los últimos tiempos hemos podido ver, cada vez más a menudo, una violencia policial sin control, con arrestos arbitrarios, acusaciones ridículas, intimidaciones e intentos de criminalización cada vez más evidentes.

Recapitulemos algunos hechos destacados de los últimos meses.

El viernes 1 de marzo, se convoca en Pisa una concentración estudiantil en favor del alto el fuego en Gaza. Hay más de un centenar de personas, entre estudiantes de instituto y universitarios. Tras las intervenciones de presentación, el grupo decide espontáneamente iniciar una manifestación hacia la Piazza dei Cavallieri, lugar simbólicamente central de la Universidad de Pisa. Pero la entrada a la plaza está bloqueada por furgones blindados de la policía, además de por dos equipos de antidisturbios. Los agentes inician varias cargas violentas y desordenadas, persiguiendo a los y las estudiantes con la porra en la mano. Provocan varios heridos/as, contusiones en los brazos, la cabeza y la cara. La policía retrasa además la llegada de la asistencia médica, impidiendo pasar a las sanitarias a través del punto de control blindado. Las repercusiones las paga una chica de 15 años que, con una contusión en la cabeza, tiene que dirigirse hasta la ambulancia a pie.

La ciudad responde con una generosa movilización en apoyo de los y las estudiantes, y los hechos de Pisa, junto con las cargas perpetradas ese mismo día en Florencia y Catania, se convierten en un caso a nivel nacional. Se habla del asunto por todas partes: quienes intentan cargarles la responsabilidad a los estudiantes, quienes claman dramáticamente por la tragedia, quienes acusan a los mandos policiales de Pisa. No obstante, nadie puede negar, honestamente, que en líneas generales la gestión del orden público apenas ha cambiado.

Pocos días antes, en Turín, Nápoles y Bolonia se habían producido violentas cargas contra jóvenes que protestaban ante las sedes de la RAI por las palabras de su consejero delegado, Roberto Sergio, en apoyo al gobierno israelí, así como por los intentos de censura de artistas que se habían solidarizado con la población de la Franja de Gaza.

En el siguiente vídeo se puede ver lo que ocurrió en la concentración de Bolonia:

Y aquí la de Nápoles:

En todos los casos, se trata de jóvenes desarmados que son atacados con una desmesurada violencia.

Pero la cosa no acaba aquí. A pesar de las evanescentes justificaciones e intentos de tranquilizar a la opinión pública del ministro de Interior Piantedosi, hace apenas dos semanas, el 17 de abril, la serie de cargas policiales continúa en la La Sapienza de Roma, donde el estudiantado se está movilizando para desenmascarar las relaciones cultivadas por la universidad —y que esta se niega a interrumpir— con la industria bélica y el Estado de Israel. La manifestación intenta salir de la ciudad universitaria de la Sapienza, pero la policía le corta el paso en viale Regina Elena, aporreando a los y las estudiantes.

En este caso, los intentos de criminalización son inmediatos y, en muchos casos, bipartito. El estudiantado ha identificado una fibra sensible del sistema educativo italiano y de la industria armamentística: los acuerdos relacionados con las tecnologías militares o dual use.

Nos desplazamos de nuevo a Turín, donde durante las movilizaciones contra el G7 sobre Medio Ambiente y Energía, la policía aporrea, lanza gases lacrimógenos y utiliza cañones de agua contra las protestas estudiantiles, en el contexto de una ciudad completamente militarizada.

Un estudiante recibe una granada lacrimógena directamente en la cara, lanzada fríamente por un agente en un momento relativamente tranquilo:

El chaval acabará en el hospital con la nariz rota. Durante la jornada, otros estudiantes sufrirán heridas y contusiones.

Pero la cosa no acaba aquí: el pasado sábado 4 de mayo la policía arresta a Sara, una joven activista que había participado en las movilizaciones contra el G7, por intentar exponer una bandera palestina durante una etapa del Giro de Italia. Sara es retenida durante una noche en la comisaría de San Paolo, con la acusación de resistencia a la autoridad y violencia, además de ser amenazada con un juicio rápido. Las imágenes y la noticia de su arresto darán la vuelta a Italia en pocas horas, demostrando la inconsistencia de las acusaciones y la actitud puramente intimidatoria de la jefatura policial. Ante las muestras masivas de solidaridad, incluso desde fuera de Italia, Sara es finalmente liberada, haciendo aún más evidente el abuso de poder que había sufrido y lo arbitrario del arresto del que había sido víctima.

A pesar de la liberación, queda el gravísimo intento de intimidación hacia una joven activista, con el evidente objetivo de hacerle desistir de participar en movilizaciones sociales.

No obstante, no solo el estudiantado sufre la violencia policial y un control social cada vez más asfixiante. Los y las jóvenes de los barrios populares y periféricos han de medirse cotidianamente con abusos policiales, así como con el sistema policial carcelario.

Según datos de la asociación Antigone, a principios de 2024 había alrededor de 500 presos en las cárceles italianas para menores de edad. Hacía más de una década que no se alcanzaba semejante cifra. Los ingresos en centros penales para menores están en claro aumento: 835 en 2021, contra los 1.143 del 2023, la cifra más alta de los últimos quince años. En enero de 2024, había 340 jóvenes con medidas cautelares en este tipo de prisiones, mientras que un año antes eran 243, un aumento claramente debido al decreto Caivano [conjunto de reformas principalmente represivas aprobado en septiembre de 2023 bajo el título «Medidas urgentes contra el malestar juvenil, la pobreza educativa y la criminalidad en menores de edad», N. del T.]. El aumento de los ingresos en estas cárceles en los últimos 12 meses se debe casi exclusivamente a jóvenes a los que se les han aplicado medidas cautelares. Otro efecto del decreto Caivano, añade Antigone, «es el importante aumento de ingresos en centros penitenciarios para menores de edad por violación de la ley sobre estupefacientes, con un aumento del 37,4% en un solo año».

En este contexto se sitúan los hechos de la cárcel para menores Beccaria de Milán, donde sistemáticamente se han producido palizas y otro tipo de violencias contra los menores por parte de la policía penitenciaria. Los delitos presentados por la Fiscalía son maltrato, lesiones, tortura y violencia sexual en grado de tentativa. Actualmente hay imputados 25 agentes de la policía penitenciaria de la Beccaria, esto es, la mitad de los agentes en servicio en dicha cárcel. Trece han sido arrestados, 8 suspendidos de empleo y sueldo, y otros 4 están imputados sin medidas restrictivas.

Según las acusaciones, los agentes habrían usado «pequeños sacos, como de arena, para pegarles, para no dejar huellas». Uno de los episodios más graves mezcla el acoso sexual y la violencia física. Cuenta un chaval que uno de los agentes «una vez abrió la ventana del blindado» y le pidió a un chico que había sido víctima de acercamientos sexuales no consentidos «que se acercara, y luego le dio en la cara con un spray de pimienta». Más tarde, seis agentes le habrían insultado y pegado patadas y puñetazos por todo el cuerpo y, una vez tirado en el suelo, le habrían esposado y le habrían seguido golpeando, arrancándole la camista mientras el chaval intentaba defenderse con un trozo de baldosa. Luego le habrían llevado a la planta baja, a una celda de aislamiento, donde lo habrían desnudado completamente y, dejándole las esposas puestas, habrían seguido pegándole con un cinturón hasta hacerle sangrar. La mañana siguiente, cuando transfirieron al chaval de su celda a otra, de nuevo golpes e insultos: «Eres un hijo de puta, eres un árabe gitano, nosotros somos napolitanos, vosotros sois árabes de mierda».

En estas horas se debate sobre el gravísimo caso de Matteo Falcinelli, un joven italiano maltratado duramente por la policía estadounidense durante un arresto. Un hecho gravísimo que, con razón, se estigmatiza, pero quizás sería hora de abrir los ojos y mirar con la misma preocupación lo que está ocurriendo aquí, entendiendo que la violencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es sistémica y connatural al desigual sistema social en que estamos inmersos.

A preguntas sobre Estados Unidos en rueda de prensa, el ministro de Interior Piantedosi ha asegurado que la gestión de las protestas por parte de la policía italiana es completamente distinta de la que hemos visto en los campus universitarios del otro lado del oceáno. Pero estos meses de violencia estatal parecen indicar exactamente lo contrario: que la policía odia a los jóvenes y que las instituciones se niegan a escucharles, manteniéndoles alejados… a una porra de distancia.