Hermanos de Italia presenta un proyecto de ley para derogar el delito de tortura

de Valeria Casolaro
Publicado en italiano en L’Indipendente el 27/03/2023
Traducción inédita

Hermanos de Italia, el partido de la presidenta del gobierno Giorgia Meloni, ha presentado un proyecto de ley para derogar el delito de tortura, que nunca había existido en el ordenamiento jurídico italiano hasta 2017. En palabras de los diputados que lo han presentado, «el riesgo de recibir denuncias y procesos judiciales instrumentales podría desincentivar y desmotivar a las fuerzas de policía, quitándoles así a sujetos responsables de la aplicación de la ley el impulso necesario para llevar a cabo su trabajo». Por otro lado, los partidos de la oposición y organizaciones en defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional han querido recordar que la institución de un marco jurídico en torno al delito de tortura ha permitido condenar por hechos específicos a quienes anteriormente habían sido imputados por delitos más genéricos —y por ende con penas más leves—, aun en los casos en los que ha sido acreditado que los hechos producidos constituían actos de tortura (como en el caso de la escuela Díaz).

El proyecto de ley asignado a la Comisión de Justicia por parte de los diputados de Hermanos de Italia prevé, concretamente, «la introducción de un nuevo agravante común para cumplir con las obligaciones internacionales derivadas de la ratificación de la CAT [Convención contra la tortura], así como la derogación, en este contexto, de los elementos penales constitutivos de torturas y de instigación del funcionario público a cometer torturas», previstos en los artículos 613-bis y ter del Código Penal. La intención, en resumen, es eliminar los delitos tal y como están formulado en la ley, sustituyéndolos por una obligación más genérica de respetar la convención internacional contra las torturas.

El delito de torturas fue introducido en el ordinamiento jurídico italiano en 2017 y tiene como tema central la dignidad humana: el hecho de que una persona se encuentre sometida a una limitación de la libertad personal no justifica el hecho de que sea sometida también a tratamientos inhumanos o degradantes. La ley prevé además un agravante en el caso de que quien cometa el delito sea un agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No obstante, tal y como lo describe la ley, el delito es ya un delito común, es decir, no específico para las fuerzas de policía. De hecho, han sido ya condenadas por tortura no solo agentes de policía, sino también personas comunes y, en 2020, tres funcionarios penitenciarios que sometieron a tratamientos atroces a varias personas migrantes en los campos de detención libios. Además, la primera condena contra un agente de policía no se produjo hasta 2021, esto es, cuatro años después de la institución del delito.

La posibilidad de investigar un delito específico ha provocado que saliesen a la luz los tratamientos inhumanos a los que son sometidas las personas presas dentro de las cárceles italianas. Como recuerda Aministía Internacional, enel pasado (por ejemplo en relación con los hechos de la escuela Díaz durante el G8 de Génova) «los jueces han comprobado los hechos y han escrito que se trataba de tortura», a pesar de lo cual «resultando inexistente un delito específico, se han visto obligados a condenar a los responsables por delitos genéricos».

Sin lugar a dudas, la ley presenta algunos puntos críticos, sobre los que la misma Amnistía Internacional se pronunció enseguida tras su aprobación. En aquel momento, la organización denunció que la formulación breve y confusa del delito pareciera querer «excluir, más que incluir», todas las formas de tortura que pueden ser practicadas hoy en día. Por ejemplo, la formulación «trauma psíquico comprobable» pareciera manifestar «una desconfianza hacia las consecuencias de la tortura sobre la integridad psíquica de la víctima». El delito, tal y como está formulado hoy en día, habría que revisarlo, pero para detallarlo y completarlo, de forma que sea menos interpretable.

La diputada por Izquierda Italiana-Alianza Verde Ilaria Cucchi [hermana de Stefano, joven asesinado por dos carabinieri en 2009, N. del T.] ha declarado: «Ha sido noticia en las últimas horas la suspensión de 23 agentes de la cárcel de Biella tras haber sido acusados por los jueces de tortura de Estado a tres presos. En las mismas horas, nos enteramos de la asignación a la Comisión de Justicia del Congreso de un proyecto de ley de Hermanos de Italia que pretende derogar la tortura. Se trata de un hecho gravísimo. Afirmar que la tortura no existe en Italia es afirmar una mentira. Más de un juez, antes de la introducción de esta ley se ha encontrado en la situación de no poder actuar porque la ley no existía. En su momento luchamos por la institución del delito y ahora me dirijo a todas las fuerzas políticas, y sobre todo al Presidente de la República: no toquéis la ley que castiga la tortura».

En el mismo día en que se ha anunciado la intención de derogar el delito, ha sido publicado un informe del Comité Europeo para la prevención de la tortura (CPT), el cual visitó Italia hace un año. Las observaciones, no vinculantes pero que suelen tener un cierto impacto en la opinón pública y las instituciones del país en cuestión, resumen el estado de salud de las instituciones encargadas de la privación de la libertad personal. Por lo que respecta a Italia, se ha constatado que ha sido sobrepasada la capacidad máxima de sus cárceles, alcanzando en 2022 picos del 152%. Por este motivo, los miembros del CPT han invitado al Estado italiano a activar políticas específicas contra la superpoblación.

Además, resulta necesario recordar que hace pocas semanas el diputado de Hermanos de Italia Riccardo De Corato acogió favorablemente la petición de los sindicatos de policía para instituir el delito de «terrorismo callejero», con el fin de tutelar mejor a los agentes que intervienen en las manifestaciones a través del endurecimiento de las penas por violencia contra la policía, una serie de delitos ya previstos en el Código Penal. Parece así delinearse la intención del gobierno de Giorgia Meloni de reprimir aún más los actos de protesta, manteniendo al mismo tiempo un comportamiento garantista respecto a las actuaciones de las fuerzas de policía.