Las autoridades ucranianas bloquean y «censuran» a dos periodistas italianos

de Andrea Sceresini y Alfredo Bosco
Publicado en italiano en Il Manifesto el 16/02/2023
Traducción inédita

Somos dos reporteros freelance que desde 2014 informan del conflicto ucraniano.

El 6 de febrero, es decir, hace ya diez días, mientras volvíamos del frente de Bajmut, donde habíamos realizado un reportaje para el tercer canal de la RAI, el ministerio de Defensa ucraniano nos notificó la suspensión de nuestras acreditaciones de periodistas.

La suspensión de las acreditaciones –que nos fueron concedidas en marzo de 2022– significa la imposibilidad de moverse libremente por el país, especialmente en las zonas cercanas al frente, además del riesgo concreto de ser arrestados en el primer puesto de control que nos encontremos. Así, esta medida imposibilita completamente nuestro trabajo y ha puesto en serio riesgo nuestra incolumidad personal.

Nadie nos ha comunicado las razones de la medida. Ambos viajamos a Ucrania el 24 de febrero de 2022 para contar las consecuencias de la invasión rusa. Bosco ha sido probablemente el reportero italiano que más tiempo ha permanecido en Ucrania desde aquel día, mientras que Sceresini ha realizado recientemente un reportaje encubierto en Siberia para contar el descontento de la población rusa y las muchas deserciones que se están produciendo. El documental ha sido retransmitido en prime time en el segundo canal de la RAI y puede verse aquí.

Desde hace un año, nuestras piezas sobre Ucrania son publicadas por la RAI, LA7, Mediaset, Il Manifesto, la televisión alemana RTL, l’Espresso, il Fatto Quotidiano, le Figaro Magazine, la Croix, etcétera.

A pesar de todo esto, los rumores que corren entre los fixers ucranianos que trabajan en Donbass –y de los que tenemos pruebas escritas– nos indican como “colaboradores del enemigo”, una acusación que en zona de guerra puede tener gravísimas consecuencias.

La única noticia oficial que nos ha llegado, a pesar de los numerosos mensajes que hemos mandado a través de nuestra embajada, se refiere a un hipotético “interrogatorio” al que habríamos de someternos, y que tendrían que realizar hombres del SBU, el servicio de seguridad ucraniano.

En un primer momento, dicho “interrogatorio” habría tenido que producirse en Kramatorsk, donde nos encontrábamos el 6 de febrero. Comunicamos enseguida al SBU nuestros números de teléfono y nuestra dirección, solicitando que el encuentro tuviese lugar lo antes posible.

Tras cinco días de inútil espera (atrincherados en casa, en una ciudad que la artillería rusa bombardea a menudo), decidimos –aconsejados por la embajada– desplazarnos a Kiev, donde se encuentran las oficinas centrales del SBU: el “interrogatorio”, nos comunicaron, no habría tenido lugar en Kramatorsk, sino en la capital.

Desde entonces no ha ocurrido nada. Ninguna noticia del SBU, con el que hemos intentado contactar –sin éxito– a través de un abogado ucraniano; ninguna noticia de nuestra embajada, ni del ministerio de Exteriores.

El 14 de febrero, a otro compañero, Salvatore Garzillo, que como nosotros lleva meses en Ucrania, se le impidió entrar en el país a través de la frontera polaca, por ser considerado “persona non grata”. Tampoco a él se le han dado más explicaciones.

En febrero y abril de 2022, algo parecido le ocurrió a Lorenzo Giroffi, que hoy trabaja para la RAI.

La sospecha –basada, entre otras cosas, en los rumores que circulan entre los fixers– es que el auténtico motivo de estas medidas sea el trabajo periodístico que hemos llevado a cabo en las repúblicas separatistas (que, como cientos de compañeros, hemos visitado en repetidas ocasiones desde 2014).

Nuestras piezas en aquella época se focalizaban –entre otras cosas– en el negocio de las minas ilegales gestionadas por líderes filorusos, la presencia in situ de voluntarios de extrema derecha –incluidos algunos italianos– y las peleas internas de los gobiernos de las repúblicas no reconocidas de Donetsk y Lugansk. En paralelo –tras haber obtenido una acreditación específica del SBU– en aquellos años visitamos obviamente el frente desde el lado ucraniano, convencidos de que aquel conflicto, en aquella época olvidado, tenía que ser contado a 360 grados y de la forma lo más honesta posible.

Teniendo en cuenta que Garzillo y Giroffi, exactamente igual que nosotros, han visitado áreas controladas por los separatistas, es lógico pensar que las suspensiones tengan como objetivo atacar a todos aquellos periodistas que no se han limitado a visitar los territorios controlados por Kiev. De esta forma, a pesar de haber realizado investigaciones incómodas también en zonas filorusas, todos estos periodistas hemos sido considerados automáticamente “colaboradores del enemigo”.

Se trataría, en resumen, de una operación de depuración y censura preventiva, llevada a cabo, por otra parte, con métodos cuanto menos kafkianos.

Ya en 2015, con Lorenzo Giroffi, sufrimos un ataque parecido. En aquella época fuimos acusados de haber entrado ilegalmente en Donbass desde Rusia. A pesar de que nuestros pasaportes –así como la acreditación ATO concedida por el ministerio de Defensa ucraniano– probaban exactamente lo contrario, se nos prohibió oficialmente entrar en territorio ucraniano durante cinco años. Una vez cumplida la “condena”, por muy injusta que fuera, estábamos convencidos de que nos sería posible volver a trabajar en Ucrania, teniendo en cuenta que informamos de lo que allí ocurre desde 2014. Y así ha seguido siendo hasta hace diez días.

Según declaraciones realizadas en el día de ayer por fuentes gubernamentales italianas, los periodistas italianos bloqueados en Ucrania, en condiciones similares a las nuestras, podrían ser “siete u ocho”.