Hambre libre. Los cien días de Alfredo Cospito

de Mauro Di Vito
Publicado en italiano en DinamoPress el 27/01/2023
Traducción inédita

Leyendo las sentencias que le atañen, Alfredo Cospito se presenta como un cruce entre Bakunin y Al Capone. Un enemigo del Estado, un peligro público. El hombre de 55 años que para los jueces es «el jefe de los anarquistas» ha sido condenado en varias ocasiones y se encuentra actualmente recluso en régimen de aislamiento 41-bis en una cárcel de Sassari (Cerdeña). Desde el pasado 20 de octubre, Cospito está en huelga de hambre. Mañana, sábado 28 de enero, su ayuno cumplirá cien días exactos.

En este intervalo de tiempo, Cospito ha perdido más de 40 kg, a pesar de lo cual la médica que lo mantiene en observación en su celda, Angelica Milia, ha declarado que se encuentra en buenas condiciones, añadiendo sutilmente, «teniendo en cuenta la situación». Porque, aun con un poco de agua, integradores y ocasionales cucharadas de miel para mantener más o menos altos los niveles de azúcar y no desmayarse, no ingerir alimento alguno durante tanto tiempo altera gravemente múltiples procesos fisiológicos, debilitando el tono muscular y haciendo así que levantarse de la cama sea cada día un poco más difícil. Además, en opinión de Milia, «la situación puede degenerar en cualquier momento».

Pero «teniendo en cuenta la situación», se puede decir que Cospito está aguantando. Lo han visitado el Defensor de las Personas Presas, Mauro Palma, así como una delegación del Partido Democrático (que fue recibida por el anarquista solo después de haber visitado toda la cárcel y haberse reunido con el resto de presos) y su abogado, Flavio Rossi Albertini.

En mayo, la por entonces ministra de Justicia, Marta Cartabia, firmaba el documento que ponía a Cospito en régimen de aislamiento especial 41-bis [similar al régimen FIES español, N. del T.]. Duración: cuatro años. En la historia judicial italiana, este régimen especial nunca había sido asignado a alguien que no hubiese cometido u organizado un homicidio: las miles de personas que han pasado por él (actualmente son 750) han estado en todos los casos ligadas a mafias o a grupos terroristas, como los militantes de las denominadas Nuevas Brigadas Rojas, activas entre finales de los 90 e inicios de los años 2000.

Las motivaciones para la orden ministerial fueron que el anarquista seguía escribiendo cartas a sus compañeros desde el cárcel, así como artículos para sus webs de contrainformación, un comportamiento equiparado al de los capos mafiosos que desde detrás de las barras siguen mandando fuera. En el caso de Cospito, la peligrosa organización terrorista sería la Federación Anarquista Informal, nombre que ha reivindicado varias acciones en los últimos veinte años, pero que en ninguna sentencia ha sido reconocida como una estructura realmente organizada ni –ya lo dice su nombre– formalmente reconocible.

La teoría es la del filósofo insurrecionalista Alfredo Bonanno, que ha sido más tarde desarrollada en el clásico Recipes for disaster por el colectivo estadounidense CrimethInc: llevarle la guerra al Estado y al capital a través de la acción directa, la cual habría de ser ejecutada por grupos de afinidad, esto es, por colaboraciones no jerárquicas ni burocráticas entre personas que comparten un mismo objetivo, pero que no tienen que conocerse necesariamente. Resulta evidente que algo así no se adecua a la definición de «delito asociativo» tal y como está codificado en el derecho penal italiano.

Cospito carga sobre sus hombros con una condena ya cumplida de 9 años y 5 meses (por haber disparado a las piernas al administrador delegado de Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, en 2012) y otra de veinte años por haber colocado en 2006 dos cartas bomba delante del cuartel de carabinieri en formación de Fossano, en provincia de Cúneo (Piamonte). Cero muertos y cero heridos, solo un gran petardo en medio de la noche, cuando la calle estaba desierta. Tras haber sido condenado inicialmente a veinte años por masacre simple, el Tribunal de Casación devolvió las actas al Tribunal de Apelación de Turín con la petición de reclasificar el delito como «devastación, saqueo y masacre» (art. 285) y de condenar al acusado a cadena perpetua y a doce meses de aislamiento diurno. El proceso judicial está aún en curso.

Llegados a este punto, conviene recordar que el artículo 285 del Código Penal establece penas para un delito muy poco frecuente y que, al menos desde que cayera el régimen fascista mussoliniano, ha sido utilizado una sola vez, en la sentencia de Casación por el atentado del Rápido 204 de 1983, que provocó 16 muertos y 267 heridos. Tras un larguísimo proceso judicial, los magistrados concluyeron que aquel hecho había que situarlo en el contexto de una estrategia político-mafiosa de amplio recorrido, cuyo objetivo era desestabilizar la República Italiana.

Por muy absurdo que pueda parecer, Cospito es considerado, a nivel procesual, un peligro aún mayor que los mafiosos que cometieron aquel atentado. La batalla legal es intensa: su abogado está esperando a que el Tribunal Constitucional se pronuncie para saber si dos paquetes explosivos colocados de noche y que no han provocado víctimas pueden realmente conducir a una cadena perpetua. A nivel técnico, el choque se produce entre la reincidencia reiterada específica (Cospito ha puesto bastantes cartas bomba a lo largo de su vida) y el atenuante por la leve entidad del hecho: una cosa excluye la otra y el tribunal tendrá que decidir cuál de las dos prevalece a nivel de jerarquía normativa. Si finalmente se impusieran las tesis de la defensa, la cadena perpetua se transformaría en una pena comprendida entre los 20 y los 24 años de prisión.

En cualquier caso, la lucha de Cospito tiene más que ver con sus condiciones penitenciarias que con las condenas que ha recibido. En las pocas ocasiones en que ha podido hablar libremente, como cuando declaró espontáneamente durante una audiencia el pasado diciembre, el núcleo del mensaje ha sido siempre el mismo: «Me niego a aceptarlo y no me rindo, y continuaré con mi huelga de hambre por la abolición del 41-bis y de la cadena perpetua sin reducciones, hasta mi último aliento, para que el mundo conozca estas dos abominaciones represivas del Estado italiano».

El detalle políticamente relevante, en todo esto, es que cuando Cospito podía seguir escribiendo y enviando sus pensamientos al exterior de la cárcel, casi nadie le hacía caso, mientras que ahora que está obligado a callar, su nombre está en boca de todo el mundo. Tras más de treinta años de militancia anarquista –su primera condena se remonta a 1991–, solo en los últimos meses ha saltado a la palestra. Era desde los tiempos de Valpreda –injustamente encarcelado por la masacre de Piazza Fontana el 12 de diciembre de 1969– que un anarquista no conseguía remover tanto las cosas más allá de su estrecho círculo de compañeros y compañeras.

De hecho, mientras se multiplican las manifestaciones por toda Europa y los muros de las ciudades se llenan de pintadas en su apoyo, «el caso Cospito» se ha convertido en una cuestión humanitaria. Activistas por los derechos humanos y personajes absolutamente atravesados por las lógicas y prácticas estatales ven esta historia como una grave lesión para el Estado de Derecho, y no dejan de denunciarlo. Nos encontramos así cotidianamente con largas entrevistas, peticiones firmadas por insignes constitucionalistas y magistrados, con el gobierno municipal de Turín que aprueba una moción para sacar a Alfredo del 41-bis, encuentros públicos, asambleas, páginas y páginas de periódicos, mociones parlamentarias.

Mientras tanto, quienes realmente podrían hacer algo concreto por Cospito fingen no oírle. El ministro de Justicia, Carlo Nordio –inexplicablemente considerado por muchos como un paladín del garantismo– titubea y da largas ante cualquier petición, ya sea del Parlamento (Peppe De Cristofaro de Izquierda Italiana le ha presentado oficialmente dos preguntas) o de la defensa de Cospito.

Además, en línea con la larga lista de absurdos que caracterizan esta historia, hace pocos días la administración penitenciaria de Sassari intimaba oficialmente a la médica de Cospito a no realizar entrevistas a la radio libre Onda d’Urto, en la que ha sido periódicamente entrevistada para contar las condiciones clínicas del preso. ¿El motivo de la amenaza ministerial? «[Evitar que con sus declaraciones, la médico pueda] neutralizar las finalidades del régimen de aislamiento del 41-bis». En pocas palabras, nos encontramos con que un medio periodístico (y registrado legalmente) es tratado de la misma forma que un clan mafioso.

Respecto al 41-bis, se sigue esperando que se pronuncie el Tribunal de Casación, pero los tiempos serán largos y la carrera contra el tiempo avanza rápidamente, porque los días de huelga de hambre siguen pasando y la cifra alcanzada empieza a ser considerable. Solo por poner un ejemplo muy famoso: Bobby Sands murió tras «solo» 66 días de ayuno.

«Quieren un mártir», declaraba el abogado Rossi Albertini tras una audiencia el pasado diciembre. «Dentro de 100 años, nuestros descendientes recordarán a Cospito y no a sus perseguidores».