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Nueva ola represiva en Italia

En el silencio mediático, mientras el culebrón parlamentario (originado en la dimisión de Mario Draghi) avanza, se siguen acumulando en Italia operaciones policiales y judiciales contra distintos colectivos políticos. ¿Respuesta represiva ante brotes de cambio o manutención del statu quo?

de Pedro Castrillo
Publicado en El Salto el 21/07/2022

La política institucional italiana ha vuelto a las andadas. Tras un periodo de (muy) relativa estabilidad, el pasado día 15 Mario Draghi presentaba su dimisión al Jefe del Estado, Sergio Matarella, como respuesta a la desconfianza mostrada en la votación parlamentario de su Decreto Ley “Ayudas” (una serie de medidas fiscales para intentar paliar la crisis económica agravada por la guerra en Ucrania). Tras la negativa del Presidente de la República a que el perfil alto de Palazzo Chigi abandonase su cargo, se abrió un fuego cruzado de declaraciones de intenciones, entre quienes apuestan por la continuidad del premier y quienes creen poder pescar algo en el río revuelto.

Mientras el espacio mediático se colma con el culebrón parlamentario, los agentes represivos del Estado han alcanzado varios hitos en sus ataques a distintos sujetos sociales, personas y colectivos que están siendo duramente atacados con la clara intención de desactivar una política desde abajo que poco a poco intenta renacer.

Hace pocos días salía a la luz la condena a 28 años de cárcel a Juan, militante anarquista de origen ibérico, bajo acusación de un delito de “masacre política” (art. 285 del Código Penal), por haber colocado dos explosivos en una pequeña sede de la Liga Norte en el Véneto oriental. La durísima pena aplicada por el juez haría pensar en un atentado con víctimas mortales. Nada más lejos de la realidad: de los dos explosivos de fabricación casera, tan solo estalló uno, durante la noche, cuando la sede se encontraba totalmente vacía. Además, alrededor de la sede habían sido colocados hasta 30 folios con la palabra «bomba», con el evidente objetivo de evitar daños personales. Como han indicado sus compañeros en un reciente comunicado, «la condena a Juan es, que recordemos, la pena más alta jamás aplicada en Italia por una acción directa sin heridos […] el delito de “masacre política” no se aplicó ni siquiera en el juicio posterior a la masacre de Capaci [donde la mafia asesinó al juez Giovanni Falcone en 1992, N. del T.], mientras que el fascista Luca Traini fue condenado a “solo” 12 años de cárcel por haber disparado a varias personas migrantes –hiriendo a seis de ellas– y hacia una sede del Partido Democrático. Los agravantes de “terrorismo” (y de “masacre” aún cuando no hay ni muertos ni heridos) son utilizados para los revolucionarios en general y para los anarquistas en particular».

Volamos a Turín, laboratorio histórico de la represión en Italia. Tras el «éxito» de la operación que en 2019 consiguiera desalojar el antiguo Asilo (nodo de las luchas contra los CIEs/CPRs y de resistencia ante la gentrificación del barrio Aurora), el Estado italiano ha fijado un nuevo objetivo en el centro social Askatasuna, «invasor» desde hace más de 25 años de un gigantesco inmueble en pleno centro de la capital piamontesa. El lugar de referencia de la autonomía turinesa actúa, desde hace décadas, como carburante de la conflictividad metropolitana. Basándose en una mole de informes producida por la DIGOS (sección política de la Policía Nacional italiana desde 1978), que incluyen miles de horas de escuchas, hasta 91 militantes y activistas del Askatasuna han sido imputados bajo la acusación de asociación subversiva (art. 270 del Código Penal). Como explica el abogado Claudio Novaro en un reciente artículo sobre la cuestión, «[…] la operación que la Policía tenía en mente para el Askatasuna era seguramente la misma [que la utilizada con el antiguo Asilo]: petición de medidas cautelares por asociación subversiva, desalojo del centro social y, quizás, también de otras estructuras relacionadas con él (como el Espacio Popular Neruda)». Como ya ocurriera con el Asilo, también en este caso se ha derrumbado la acusación de asociación subversiva por falta de pruebas, aunque ahora la policía no haya conseguido ejecutar a tiempo el desalojo. Pero este revés no ha parado la maquinaria represiva: 22 militantes siguen acusados de asociación para delinquir, por haber supuestamente organizado un grupo que, con base en el Askatasuna, se han dedicado a cometer delitos en el Valle del Susa, hogar desde hace décadas de la resistencia contra un proyecto para la construcción de una línea ferroviaria (TAV) entre Turín y Lyon. Éste era probablemente el blanco principal de la Fiscalía. En este caso, la acusación ha sido justificada incluyendo el «método democrático» (estrictamente estatal, se entiende) como uno de los principios que gobiernan el Estado y cuya alteración, por tanto, se considera legalmente como subversión. La consecuencia es que toda acción ejercida mediante cualquier tipo de violencia —como diversas formas de resistencia realizas en el Valle del Susa— que se contraponga a las decisiones de la mayoría parlamentaria o del gobierno —como lo es el proyecto del TAV Turín-Lyon— ha de ser considerada automáticamente subversiva en el plano judicial. En palabras de Claudio Novaro, «[…] Confundir la proyectualidad criminal de la presunta asociación con su aparato ideológico significa moverse en una perspectiva de criminalización de cualquier colectivo que se fije como objetivo cambiar el estado presente de las cosas. […] Aletea por entre las páginas de la investigación policial una idea mortificadora de la conflictividad y la participación políticas, acompañada de una visión escasamente consciente de la historia italiana.»

El último blanco alcanzado por los ataques del aparato represivo del Estado italiano han sido los sindicatos de base del ámbito de la logística. Hace poco más de un año, los trabajadores de este sector se enfrentaron, como respuesta a una serie de protestas, a una escalada de violencia cuanto menos facilitada o azuzada —sino directamente organizada— por la patronal. En el día de ayer, la represión contra quien se organiza en el ámbito de la logística en Italia tomó otras formas. A primera hora de la mañana iniciaba una operación policial, organizada por la Fiscalía de Piacenza (uno de los principales hubs de la logística italiana, donde Amazon entre otros tienen sus principales almacenes) contra dirigentes de los sindicatos de base USB y SI COBAS, dos de las organizaciones más combativas en el sector en los últimos tiempos. En las más de 350 páginas escritas por la acusación se construye un auténtico teorema judicial, el cual incluye una lista interminable de «hechos criminales»: piquetes, huelgas, ocupaciones de almacenes, asambleas, etc. Varios dirigentes sindicales han sido detenidos y puestos bajo arresto domiciliario y distintas sedes de ambos sindicatos han sido registradas. En un comunicado “en caliente”, el sindicato USB explica el ataque de la siguiente forma: «La logística es uno de los nodos centrales de la economía capitalista de nueva generación; la circulación de mercancías es un ganglio determinante de la cadena de valor y en él las contradicciones se expresan a un nivel mayor: explotación de la mano de obra, principalmente extranjera y sensible al chantaje, utilización sin frenos de contratas y subcontratas a cooperativas a menudo controladas (de forma no demasiado sutil) por el crimen organizado, derechos sindicales inexistentes y sistemáticamente violados, etc.; y es por eso que en este sector las luchas y el conflictos son más duros y determinados, y donde por tanto golpea la represión». En el final del comunicado, el sindicato ha anunciado la convocación de una huelga general del sector de la logística para hoy, 19 de julio, en respuesta a los ataques sufridos.

Aunque el clima general siga siendo de baja marea, la política que se pretende realizar desde abajo en Italia ha visto importantes señales de un cierto despertar de la movilización social, pequeños brotes de futuro, aún delicados y muy localizados. Si bien es cierto que la represión por parte del Estado —que, al menos en Italia, es cada vez más penal y menos social— puede representar una simple “manutención” del status quo, la dimensión y aceleración de los mecanismos represivos —legislativos, judiciales, mediáticos— en los últimos meses y años expresan un cierto miedo. Habrá que esperar para ver si las esperanzas —de algunas— de un auténtico otoño caliente, que consiga alterar el orden presente de las cosas, se harán realidad o si, por el contrario, triunfarán los intentos de desactivación de las conciencias.

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