Mario Draghi al asalto de los servicios públicos locales

de Marco Bersani
Publicado en italiano en DinamoPress el 08/11/2021
Traducción inédita

Se la esperaba desde hacía tiempo. Formaba parte de las estrictas «condiciones» requeridas por la Comisión Europea para acceder a los fondos europeos «Next Generation EU». Era uno de los ejes principales por los que Mario Draghi ha sido definido por Confindustria [la potente patronal de la industria italiana, N. del T.] como «el hombre de la necesidad». Los lobbies financieros lo deseaban ardientemente. Un nuevo y enorme nicho para futuras privatizaciones.

Mientras los grandes medios de comunicación desvían una vez más la atención («afectará a los taxistas y a concesiones exclusivas de muchos hoteles», etc.), ninguno de ellos pone el acento en la esencia del nuevo Proyecto de Ley sobre la Competencia, concentrada en su artículo 6: la privatización de los servicios públicos locales y el cambio definitivo del papel de los ayuntamientos.

Una medida vergonzosa que, ya en sus finalidades explícitas, descritas en el artículo 1, olvida por completo lo que la pandemia ha evidenciado más allá de cualquier duda: el mercado no funciona, no protege, divide a las personas y a las comunidades.

Sin ningún tipo de escrúpulo, se dice que la medida tiene como objetivo «promover el desarrollo de la competencia y eliminar los obstáculos a la apertura de los mercados (…) para reforzar la justicia social, la calidad y la eficiencia de los servicios públicos, la tutela del medio ambiente y el derecho a la salud de los ciudadanos».

Si de las finalidades generales pasamos al artículo específico sobre los servicios locales, hay que reconocer el salto de calidad llevado a cabo por el gobierno de Mario Draghi: por primera vez se habla de privatizar todos los servicios públicos locales, sin excepción alguna.

Tan solo un pasaje de la propuesta de ley menciona la necesidad de organizar del mejor modo posible los servicios públicos locales de interés económico, mientras que el resto del texto se dedica a conciencia a superar todos los intentos precedentes de privatización de los mismos (incluyendo una normativa específica para el sector de la economía social).

Dándole un vuelco absoluto a la función de los ayuntamientos y al rol garantista de los derechos que los servicios públicos locales han tenido históricamente, el nuevo Proyecto de Ley del gobierno de Mario Draghi sitúa su gestión como competencia exclusiva del Estado, la cual será ejercitada en el total respeto de la competencia.

Los párrafos siguientes son una auténtica obra maestra de tergiversación de la realidad.

Mientras que al contratista privado se le requiere (amablemente) una simple relación anual sobre los datos de calidad del servicio y las inversiones realizadas, el ayuntamiento al que se le ocurra la loca idea de gestionar un servicio público local tendrá que producir «una motivación anticipada y cualificada que incluya las razones que justifiquen el no haber recurrido al mercado (…) deberá transmitirla lo antes posible a la Autoridad de Defensa de la Competencia y del Mercado, así como prever sistemas de seguimiento de los costes y realizar una revisión periódica de las razones por las cuales ha elegido la autogestión».

En lo que se refiere a los servicios públicos de interés económico, es decir, agua, basuras, energía y transporte público, se prevén incentivos y premios adicionales para favorecer la agregación de servicios (léase multiutility).

No contento con empujar la gestión de los servicios hacia la privatización, el gobierno prevé además una revisión de la disciplina de los regímenes de propiedad y de gestión de las redes, instalaciones y otras dotaciones públicas, además de cesiones de los bienes en caso de sustitución del gestor, entre otras cosas, para asegurar una adecuada valorización de la propiedad pública, además de una tutela adecuada del gestor cesante.

En este contexto, la llamada a la participación de los usuarios en la definición de la calidad, los objetivos y los costes del servicio público local suena a tomadura de pelo final.

En pocas palabras, se trata de un ataque feroz y determinado a los derechos de las personas, los bienes comunes y las comunidades locales. Un ataque ejecutado por un gobierno que nunca ha escondido que se encuentra al servicio de los grandes intereses financieros y que ha pretendido un parlamento a su medida para tener vía libre en todas las decisiones fundamentales de restructuración de la sociedad.

«El lastre de los vínculos y la deuda nos impiden cualquier movimiento. No disponer de capacidad de maniobra sobre los presupuestos se traducirá en un enorme impacto sobre la calidad de vida de los ciudadanos. Resulta imposible gobernar una ciudad si no podemos invertir recursos». Así criticaba la nueva medida gubernamental, hace pocos días, Gaetano Manfredi, nuevo alcalde de Nápoles.

La respuesta del gobierno de Mario Draghi es que no hay ninguna necesidad de gobernar los ayuntamientos y las ciudades: basta poner todo en manos del mercado.