de Federico Alagna
Publicado en italiano en JacobinItalia el 18 de abril de 2021
Traducción inédita
La puesta a disposición judicial de Matteo Salvini en el caso Open Arms lleva consigo un conjunto de consideraciones complejas, pero solo aparentemente contradictorias.
El punto de partida de estas consideraciones lo representa la reafirmación de un juicio político –con el consiguiente reconocimiento de una verdad histórica– a las políticas migratorias de Salvini, de quienes que lo precedieron y de quienes lo han sustituido. Un juicio y una verdad que gozan de vida propia, independiente de lo que suceda en las salas de los tribunales – y, por tanto, independiente también de la decisión del Juez de Instrucción de Palermo que lo ha imputado. No es necesario esperar a que se pronuncie ningún tribunal para establecer la inaceptabilidad de prácticas como el cierre de puertos, la falta de misiones de búsqueda y rescate gubernamentales y la criminalización de aquellas organizadas por la sociedad civil, las devoluciones en caliente, la colaboración con la mal llamada Guardia Costera de Libia y otras muchas. Ya nos lo dijo Pierpaolo Pasolini hace casi cincuenta años.
Y, no obstante, precisamente porque esas vergonzosas prácticas han mortificado las garantías más elementales inherentes al derecho internacional y a las normas de tutela de los derechos humanos, emergen la necesidad y la importancia de reafirmar esas mismas normas y principios en el ámbito de un proceso judicial. No solo para sancionar las violaciones, sino también para reconocer los derechos, negados y mortificados, de aquellas personas migrantes que han sido víctimas de tales medidas.
En pocas palabras, lo que ha sucedido o sucederá dentro de las salas de los tribunales es fundamental, pero no será eso lo que establecerá la inaceptabilidad de los paradigmas de la política migratoria italiana. Y así, los resultados de los casos judiciales podrán, sí, añadir o quitar algunas cosas –e incluso muchas, en clave sistémica, contribuyendo a rediseñar el enfoque de conjunto–, pero no cambiarán la naturaleza profunda de lo que las políticas migratorias ejecutadas en estos años representan para una sociedad que teóricamente aspira (el «teóricamente» es obligatorio) a tutelar los derechos, las libertades y las dignidades de la persona.
Una complejidad de este tipo invita a una reflexión profunda, que no se puede banalizar a ningún nivel sobre el terreno de un justicialismo facilón. Y no solo por las consideraciones hechas hasta ahora, ligadas a la compleja relación (aún actual) entre verdad histórico-política y verdad judicial. También porque el sacrificio del Estado de Derecho, acertadamente criticado en el caso de las políticas tomadas por Salvini, no puede aceptarse, aun con todas las diferencias, ignorando garantías y presunciones de inocencia que le corresponden a cualquier imputado, también a aquellos que no nos gustan. En esa óptica, la decisión del Juez de Instrucción de Palermo representa un pequeño adoquín en el camino de reafirmación de la justicia, no un evento a celebrar ni, obviamente, una sentencia de condena (penal). Quedando claro que, para quienes luchan por el respeto de los derechos fundamentales, las condenas política e histórica a Salvini son una realidad desde hace tiempo.
Este discurso nos recuerda que existe un peligro inherente a la delegación, exclusiva o casi exclusiva, al poder judicial de una batalla intrínsecamente política; peligro que se ha materializado, en tiempos relativamente recientes, en el ámbito de un determinado antiberlusconismo. Por muy fundamental que sea en algunos momentos de movilización política, recurrir a los jueces no puede de ninguna forma sustituir una lucha que pertenece a un espacio distinto.
Entre otras cosas, para evitar, conviene recordarlo, que se acabe confundiendo el fenómeno en sí con quien es solo uno de sus principales actores, no el único. Porque lo que ocurre en los procesos judiciales contra Salvini no puede hacernos ignorar u olvidar las enormes responsabilidades políticas de los varios Minniti, Di Maio, Conte y Lamorgese [ministros en activo actualmente o en los últimos años, N. del T.], las cuales conforman un continuum que ha superado gobiernos y mayorías parlamentarias.
Volviendo a entrelazar los hilos de esa complejidad, lejos de extremos opuestos tendentes a la celebración o a la minimización, el enjuiciamiento de Matteo Salvini representa un pasaje fundamental para la tutela de quienes han sido víctimas de políticas vergonzosas y aberrantes. Con la conciencia –que no le quita ni un ápice de importancia a este momento– de que la batalla por una migración libre y segura, que respete los derechos fundamentales de la persona, seguirá adelante sobre otros raíles. Más allá de los procesos judiciales (de todo tipo), más allá de las sentencias que vendrán y más allá de Salvini.