de Pedro Castrillo
Publicado el 24/02/2021 en El Salto
Ayer por la mañana, al amanecer, miembros de la Policía Nacional italiana irrumpieron en la vivienda de Lorena Fornasir y Gian Andrea Franchi, activistas de 68 y 84 años respectivamente, como consecuencia de una acusación de favorecimiento de la inmigración clandestina. La vivienda es además sede de la asociación Linea d’Ombra ODV, una organización sin ánimo de lucro formada por voluntarios que nació en 2019 en Trieste, ciudad del extremo nororiental italiano muy cercana a la frontera con las vecinas Eslovenia y Croacia. Como se puede leer en su web, la asociación se formó con el objetivo de «recoger fondos para apoyar a las poblaciones migrantes a lo largo de la ruta balcánica y en cualquier lugar donde sea necesario» y sus actividades incluyen la prestación de «cuidados médicos» y la donación de «ropa limpia a quien pasa en tránsito por la ciudad de Trieste». Además, realizan «aproximadamente un viaje al mes a Bosnia para llevar ayudas concretas a los migrantes y activistas allí presentes». Durante el registro, los agentes de policía requisaron a la presidenta y vicepresidente de Linea d’Ombra sus teléfonos personales, así como los libros de contabilidad de la asociación y otros materiales, con la intención de buscar pruebas que demuestren la acusación.
El orden público contra el antifascismo solidario
El ataque judicial contra Linea d’Ombra llega en un momento especialmente sangrante. Hace pocos meses, el 24 de octubre del pasado año, se produjo una fuerte polémica cuando la Cuestura de Trieste (delegación del ministerio de Interior a nivel provincial con competencias policiales) autorizó la concentración de un grupo neofascista local en la misma plaza en la que Linea d’Ombra, desde hacía meses, repartía ropa y comida y daba asistencia sanitaria de primera necesidad a las personas migrantes que diariamente se paran en la ciudad antes de continuar su viaje. La crónica de aquel día habla por sí sola. A primera hora de la tarde, horas antes de la cita del grupo neofascista, las activistas de Linea d’Ombra, junto con otras personas que acuden para apoyarles, se sitúan, como todos los días, en el centro de la plaza. Cuando llegan los primeros agentes de policía, exigen el inmediato desalojo. Ante la resistencia pasiva de los activistas, algunos son transportados a la fuerza, a la vez que los antidisturbios inician las primeras cargas, que poco a poco hacen retroceder a los activistas hacia la carretera, llena de coches, tras la cual espera un nutrido grupo de militantes neofascistas. La violencia policial se desata, y así más tarde tres activistas tendrán que ser atendidos en el hospital más cercano, con diversas contusiones y heridas abiertas en la cabeza. Cuando la policía consigue finalmente desalojar la plaza, los neofascistas ocupan el centro, instalan el micrófono, y distintas personas —las cuales exhiben sin pudor tatuajes con símbolos nazis y el rostro de Mussolini— toman la palabra para atacar al papa Francisco, a Soros, a «la araña que atenaza al mundo absorbiendo los cerebros de la raza blanca elegida», a las personas que participan en la acogida de personas migrantes, a las mujeres, a los colectivos LGBT. Desde los altavoces retumban proclamas por una «rebelión contra la dictadura musulmana que ha obligado al apartheid a los blancos europeos». Estos discursos continúan sin interrupciones gracias al doble cordón que los policías han organizado entorno al meeting neofascista, defendiéndolo así del centenar de personas que, desde fuera, gritan sin cesar contra las palabras de odio que amplifican los altavoces. Así, la gestión del orden público por parte de la policía de aquel día se puede resumir en pocas palabras: espacio al odio neofascista, porrazos y multas a quienes se oponen a éste. Una dinámica que durante unos días tuvo una cierta resonancia a nivel mediático y que puso en el punto de mira a las autoridades policiales triestinas.
Una gota de solidaridad en un mar de violencia
En este contexto, Linea d’Ombra afirmó, en un comunicado publicado ayer poco después del registro en su sede, que «hoy, en Italia, se persigue con más fuerza la donación de calzado, ropa y comida a quien lo necesita para sobrevivir que la apología del fascismo». Una supervivencia que se convierte en todo un desafío gracias a las políticas migratorias de la Unión Europea y, especialmente, a aquellas que se despliegan en territorio croata. Croacia, Estado miembro de la UE desde 2013, ha firmado la Convención de Schengen, pero todavía no forma parte del homónimo Espacio porque la Unión debe aún verificar ciertos “requisitos técnicos”, es decir, si el país balcánico es capaz de convertirse en un muro más de la Fortaleza Europa. Por ahora, el país balcánico ha mostrado progresos en este sentido y así, actualmente, los flujos migratorios procedentes de Oriente Medio se paran en seco en Bosnia-Herzegovina, justo antes de la frontera croata, donde se amasan miles de personas en distintos campos de refugiados. Desde allí, las personas migrantes intentan alcanzar, tras meses o años de viaje, Europa occidental, a través de lo que sarcásticamente llaman The Game, que no es sino el intento de atravesar el territorio croata —donde la policía nacional, apoyados por la agencia europea Frontex, se aplica a conciencia para que, en caso de éxito, no sea indoloro— y alcanzar territorio italiano. Si lo consiguen, a menudo tras días o semanas de camino a pie a través de bosques y colinas, llegan a Trieste, la primera gran ciudad al otro lado de la frontera. Aquí, en la plaza situada frente a la estación de trenes, encuentran a Gian Andrea, Lorena y el resto de activistas, que los acogen con té caliente, comida, ropa limpia y material higiénico-sanitario de primera necesidad.
Europa blindada, hacia fuera y hacia dentro
La acusación de favorecimiento de la inmigración ilegal se dirige oficialmente solo contra Gian Andrea Franchi, el cual fue trasladado en el día de ayer a comisaría, donde se le tomaron las huellas dactilares y fotos para la ficha policial. Por lo que se ha filtrado a los medios, la investigación de la policía en la que se sitúa la acusación contra el octogenario pretende desmontar una «vasta organización de passeurs [personas que ayudan a atravesar ilegalmente las fronteras a cambio de dinero]», habiendo por el momento treinta personas imputadas y algunas ya detenidas. En el caso de Gian Andrea Franchi, los hechos que se le imputan son haber ayudado a una familia iraní, con dos menores de unos 10 años de edad, a coger un tren desde Trieste para seguir su viaje hacia el oeste (los principales destinos de quienes atraviesan la Balkan route son: Francia, Suiza, Alemania o los países nórdicos). Un resquicio al que las autoridades policiales se agarran para lo que, objetivamente, es un claro acto de represión contra una persona que representa una práctica solidaria cada vez más consolidada. Una acción policial, por desgracia nada novedosa, que pretende sin duda atemorizar a quienes muestran activamente su solidaridad a las personas que migran hacia Europa buscando un futuro mejor. Ante la pregunta de si continuaría su actividad tras la acción judicial, Franchi respondía ayer: «Estas cosas no me dan miedo en absoluto, tenía que pasar antes o después. Cuando ayudas a las personas migrantes, acabas enfrentándote a cosas así». Esta afirmación esconde una realidad estructural, a la par que escalofriante: que los Estados europeos no solo han creado un sistema de fronteras que, en la tierra y en el mar, masacran a las personas que intentan atravesarlas, sino que además reprimen a quienes, desde este lado, expresan materialmente su solidaridad hacia ellas.
A este lado del Mediterráneo 