Aprender de un marzo escalofriante

de Pedro Castrillo
Inédito

Los datos no nos salvarán, decíamos hace unos días. Debido al modo en el que se registran los casos de COVID-19 (variable en el tiempo y el espacio) no nos es posible conocer la dinámica real de la epidemia. En cambio, algunas cifras sí nos permiten tomar una «foto» de la situación y extraer algunas conclusiones.

El número de defunciones totales en una región determinada y en un periodo de tiempo determinado resulta un dato fiable, porque en los Estados modernos se registra al 99,9% de las personas que mueren. En Lombardía, la región italiana donde el COVID-19 ha hecho mayores estragos, en el pasado mes de marzo se registraron 14.643 defunciones, prácticamente tres veces más que las 5.292 registradas el mismo mes en el 2019. Si se analizan las causas principales por las que mueren las personas normalmente, llegamos rápidamente a la conclusión de que ese exagerado aumento puede deberse únicamente a la epidemia de COVID-19. Pero con estas cifras podemos realizar más hipótesis. Si analizamos el número total de defunciones en la provincia lombarda de Bérgamo, observamos con un cierto horror que en marzo de este año han muerto un total de 3.895 personas, contra una media de 602 personas en los 5 años anteriores. Estamos hablando de 6 veces más de muertos. En el texto cuya traducción publicamos el 25 de marzo («Estamos en guerra – Historia de una masacre») se narran las presiones a través de las cuales la patronal lombarda, y en especial la bergamasca, consiguió que las fábricas de la provincia (una de las más industrializadas de toda Europa) se mantuvieran abiertas incluso durante el pico de expansión de la epidemia en la región. Sin caer en el sensacionalismo, es posible afirmar con pocas dudas que gran parte de la responsabilidad de esa masacre (ahora ya confirmada por las cifras) recae sobre la patronal industrial. Otro factor seguramente determinante es el modelo de la sanidad lombarda, basada en la división entre “centros de excelencia” (privados) y hospitales públicos (cada vez con menos recursos) en los que se tratan todas las enfermedades comunes (léase aquellas de las que resulta difícil sacar beneficios económicos).

El número total de defunciones nos permite también comparar la situación en un periodo determinado entre dos lugares geográficamente distantes. Volemos a Madrid, el equivalente de Lombardía en cuanto área más afectada por la epidemia en el Estado español. En marzo del 2019, se registró un total de 4.125 defunciones. Aunque el Instituto Nacional de Estadística (INE) no ofrece aún ese dato para el 2020, podemos utilizar el número de licencias de enterramiento para realizar la comparación. En la segunda quincena del pasado marzo, los jueces concedieron 9.007 de estos permisos en la Comunidad de Madrid. Si dividimos por dos el número de defunciones que se produjeron en marzo de 2019 obtenemos que en una sola quincena de ese mes murieron 2062 personas en la Comunidad de Madrid. La conclusión es que este año hemos tenido un aumento de más del 400% de defunciones respecto al mismo periodo del año pasado. Aplicando el mismo razonamiento que en el caso lombardo, podemos afirmar con seguridad que el principal motivo de ese aumento ha sido la epidemia por COVID-19. Sobre las responsabilidades directas nos resulta más complicado realizar afirmaciones tajantes (las dimensiones de la industria madrileña no son ni por asomo comparables a las de su homóloga lombarda), aunque la situación de la sanidad pública madrileña —gravemente erosionada tras décadas de privatizaciones y recortes— sí es comparable a la de Lombardía y, por tanto, se pueden identificar ciertas responsabilidades directas.

Mostrando estas escalofriantes cifras no pretendemos justificar las medidas políticas que los gobiernos italiano y español han tomado para contener la epidemia. Simplemente demuestran la potencialidad letal del COVID-19 (contra conspiranoicos y negacionistas de todo tipo) y, por tanto, es evidente que hay que hacer algo para protegernos y, en especial, para proteger a quienes son más vulnerables a los efectos de la infección. Tras varios meses de epidemia de COVID-19, ya presente en casi todas las áreas geográficas del globo, podemos extraer algunas conclusiones acerca de qué medidas son más efectivas para contener el contagio. Conclusiones que apuntan lo que ya indicara el experimento inédito hasta la fecha que se realizó en la pequeña localidad véneta de Vò Eugeneo (uno de los primos focos de la epidemia) a finales de febrero. Los investigadores tomaron muestras (voluntarias) del 95% de los 3.200 habitantes del pueblo, en algunos casos más de una vez por persona. Las primeras PCRs revelaron que alrededor de la mitad de las personas analizadas eran asintomáticas. Todas ellas, y evidentemente también aquellas sintomáticas, fueron puestas en cuarentena. Diez días más tarde, se repitió el test a todas las personas recluidas, y los resultados fueron incontestables: la epidemia se había frenado en seco. Los investigadores concluían así que la llamada “vigilancia activa” era sin duda el instrumento más eficaz para contener la difusión del virus. En palabras de Andrea Crisanti, virólogo de la Universidad de Padova que coordinó el experimento, la técnica epidemiológica de la vigilancia activa «no es una idea moderna (…) se lleva aplicando al menos cien años»: identificar a las personas infectadas (en el 2020, a través de la realización masiva de tests) y ponerlas en cuarentena. Parece una idea intuitiva, pero de alguna forma una gran parte de la población ha aceptado como única y mejor posibilidad esta falsa cuarentena generalizada en la que millones de personas no infectadas sufren las consecuencias sociales y económicas de la reclusión, mientras que otros tantos millones de personas infectadas salen todos los días para ir al supermercado o trabajar de forma obligada.

Hace un mes no era posible afirmar tajantemente que las medidas tomadas por los gobiernos fueran estrictamente políticas, porque tenían la justificación del “es una situación nueva” y “nadie sabe exactamente cuál es la mejor solución”. Hoy ya no. Así que, partir de ahora, todas las decisiones institucionales para contener la epidemia que no vayan en la dirección de la vigilancia activa podrán ser consideradas, con toda objetividad, autoritarias. Evitar que el estado de emergencia doblegue nuestra capacidad crítica será un desafío diario en los próximos meses.