¡No a la objeción de conciencia! Historia de los derechos reproductivos en Italia

de Michela Pusterla
Publicado en inglés en Jacobin Magazine el 25/05/2018
Traducción de la versión revisada por la autora publicada en El Salto

El próximo 13 de junio, el Parlamento argentino discutirá la propuesta de ley sobre la despenalización del aborto, actualmente legal solo en algunos casos. El movimiento argentino lucha desde hace treinta años por un aborto legal, seguro y gratuito. Como ya sucediera en Italia en los años setenta, en la Argentina de hoy ha sido la presencia de un fuerte movimiento feminista local y global lo que ha llevado al Parlamento el debate de una ley sobre los derechos reproductivos de las mujeres.

El pasado mes se cumplió en Italia el aniversario de la Ley 194, que fue aprobada en 1978 y legalizó la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Hoy, cuatro décadas más tarde, los derechos de las mujeres italianas respecto a la autodeterminación se encuentran sobre un terreno tembloroso. La ley 194 está siendo menoscabada por la presencia de un ruidoso movimiento anti-elección, al cual pertenecen: Lorenzo Fontana, actual ministro de la Familia; la restructuración neoliberal a la que está siendo sometido el sistema de salud y la incontrolada expansión de un movimiento de médicos «objetores de conciencia».

Desde noviembre de 2016, el movimiento italiano Non una di meno -parte integrante del movimiento, primero argentino y más tarde global, Ni Una Menos- ha tomado las calles para defender y extender la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos. Nuestros cuarenta años de experiencia con la Ley 194 tienen mucho que decir a los movimientos por la justicia reproductiva de todo el mundo. Las batallas de las mujeres italianas a lo largo de las últimas cuatro décadas muestran que cualquier ley sobre el aborto ha de fundarse sobre la libertad de elección de las mujeres, o no funcionará.

Los antecedentes de la 194
La Ley 194 llegó en un momento en el que lo personal se había convertido en político. Italia fue uno de los últimos países de Europa en legislar los derechos sobre el aborto, con el empuje del caso Roe contra Wade en Estados Unidos en 1973 y el auge de movimientos feministas locales y extranjeros. Aquellos movimientos combatían al mismo tiempo en las casas, en las calles y en el Parlamento.

Italia era un país extremadamente conservador en lo que refería a temas sexuales y reproductivos. El documental de Pier Paolo Pasolini Comizi d’amore [Encuesta sobre el amor, en su versión en castellano, N. del T.] de 1965 es una ventana a la Italia de la época: extremadamente tradicional y profundamente influida por la Iglesia católica, la cual se encontraba aún en el abismo del cambio. Los años setenta fueron testigos de una transformación del país, de una sociedad rural/proto-industrial a otra totalmente industrial. Los roles de las mujeres fueron restringiéndose progresivamente: entre 1959 y 1972, el número de mujeres trabajadoras cayó de un 25 por ciento. Al mismo tiempo, una vanguardia feminista emergía y la era de las leyes fascistas sobre la familia se transformaba drásticamente, gracias a la reforma legal de 1975, que acabó con la supremacía legal de los maridos sobre sus esposas.

Hasta 1978, bajo la legislación fascista aún vigente, el aborto fue etiquetado como un «crimen contra la integridad y la salud del linaje» y castigada con prisión. Como consecuencia de estas leyes, y de la condena social que emanaba de ellas, el muro de silencio alrededor del aborto resultaba inimaginablemente difícil de penetrar. En vísperas de la aprobación de la legislación de 1978, las Naciones Unidas estimaron que en Italia se practicaban un millón de abortos ilegales cada año (aunque la cifra real probablemente era menor, puesto que tras el primer año de legalización, el número de abortos legales fue ligeramente inferior a 188.000).

Antes de la aprobación de la ley, entre once y veinte mil mujeres morían anualmente tras haber abortado. A mediados de los años setenta, la interrupción del embarazo en una clínica privada podía costar hasta un millón de liras italianas (alrededor de 5.300 euros actuales), mientras que las conocidas despectivamente como mammane [mujeres que practicaban abortos clandestinamente a cambio de dinero, N. del T.] pedían entre 200 y 800 euros. Las mujeres de clase trabajadora no podían permitirse ir a clínicas privadas y a menudo morían en manos de las mammane o como consecuencia de abortos autoinducidos.

Qué condujo a la 194
A finales de los años sesenta, los movimientos feministas empezaron a hacer del aborto un tema político. En 1972, el Collettivo femminista internazionale publicó un dosier titulado: «Estado del aborto: masacre de inocentes» (utilizando la forma femenina de «inocentes»). Se le dio la vuelta a la retórica que presentaba el aborto como una matanza de fetos: el foco se puso por fin sobre los miles de mujeres que morían como consecuencia de la ilegalidad del aborto. Lentamente, las mujeres empezaron a hablar de sus experiencias reproductivas. En 1975, el semanal l’Espresso fue acusado de «escarnio a la religión» por publicar una portada en la que aparecía una mujer embarazada crucificada.

Algunas feministas italianas, como el grupo milanés Rivolta femminile y la filósofa Carla Lonzi, abandonaron la lucha por los derechos sobre el aborto. Consideraban la ley intrínsecamente violenta y querían concentrarse en la sexualidad no reproductiva. Mientras tanto, la campaña por los derechos reproductivos fue más allá de la cuestión constitucional, para construir un frente de liberación contra la misma cultura patriarcal.

Los principales actores institucionales de esta batalla fueron el Movimiento por la Liberación de la Mujer, ligado al Partido Radical, y la Unión de Mujeres Italianas (UDI), ligada al Partido Comunista de Italia (PCI). Hasta ese momento, según la visión del PCI, «las mujeres no eran entendidas como mujeres per se, sino como trabajadoras que casualmente eran mujeres». Mientras que el movimiento feminista había permanecido activo durante algún tiempo, fue el debate sobre el aborto lo que provocó un terremoto en el sistema italiano de partidos y empujó a los movimientos de mujeres al interior de las esferas del poder.

Los políticos profesionales fueron forzados a ocuparse de algo -el cuerpo femenino- y de alguien -la mujer como sujeto político- que nunca habían tomado seriamente en consideración. Los partidos políticos «se vieron forzados a elaborar un discurso en torno a un tema para el cual no tenían inicialmente un lenguaje o conceptos específicos, o una terminología para describirlo, y cuyas implicaciones no entendían realmente.»

La ley de 1978 no llegó de la nada. Ya en 1971 y 1973, los socialistas habían presentado dos proyectos de ley. Además, en 1973 se le concedió el indulto a Gigliola Pierobon, una mujer perseguida por haber abortado, y en 1975 una decisión del Tribunal Supremo priorizó la salud psicofísica de la mujer sobre la del feto, el cual «no es aún una persona». Al año siguiente se produjo el desastre químico de Seveso, tras el cual a las mujeres afectadas se les otorgó un derecho excepcional para interrumpir sus embarazos. El debate parlamentario empezó en 1976, inmediatamente después de la investidura del nuevo gobierno de la Democracia Cristiana (DC), respaldado por los comunistas, y continuó incluso durante el secuestro de Aldo Moro, líder de la DC, por las Brigadas Rojas. La ley 194 fue la primera ley importante aprobada después de que se encontrara el cuerpo de Moro, el 9 de mayor de 1978.

La Ley y sus límites
La versión final de la Ley 194 se titula: «Reglas para la protección social de la maternidad y la interrupción voluntaria del embarazo». La elección de estas palabras refleja la intención del autor democristiano de situar el aborto en la misma categoría que el embarazo. Como resultado de la ley, las mujeres que deciden interrumpir su embarazo son llevadas obligatoriamente a las salas de maternidad junto con las nuevas madres.

De acuerdo con la Ley 194, las mujeres pueden recurrir a la interrupción voluntaria, antes de 90 días, solo cuando «la continuidad del embarazo, del parto o de la maternidad pudieran generar graves peligros para su salud física o mental». En otras palabras, la ley italiana no garantiza a las mujeres el derecho a la autodeterminación. A una mujer no se le permite abortar simplemente porque no quiera ser madre. Por esos motivos, los radicales y el partido de extrema izquierda Democracia Proletaria (DP), que habían jugado un papel importante en la campaña por los derechos reproductivos, votaron contra la aprobación de la ley.

Una ex-parlamentaria de DP, Luciana Castellina, comentó recientemente su voto en contra de la ley:

«[…] resultaba necesario denunciar la pretensión de plasmar en la ley unos «casos» que la mujer debía respetar… […] Medidas, claro, tan solo formales, que dejaban de facto libertad a la mujer para elegir. Pero precisamente por eso, capaces de evidenciar aún más su significado ideológico: reafirmar que el rol forzoso de la mujer es la procreación, de modo que aquella que decide quedarse al margen ha de ser señalada como desviada.»

En 1981 se convocaron dos referéndums sobre la Ley 194. El primero, propuesto por los radicales, pretendía reforzar la ley; el segundo, propuesto por los católicos, pretendía abolirla. Ninguno de los dos alcanzó sus objetivos. El New York Times comentó: «En lo que se refiere al aborto, Italia es menos católica que el Vaticano», lo que presumiblemente no era tan obvio como puede parecer hoy día. En el segundo referéndum, la población italiana votó, con una enorme contribución de mujeres proletarias y campesinas, y con más del doble de votos, por mantener el aborto legal. Mientras que los movimientos feministas habían sido los primeros en introducir el debate sobre los derechos reproductivos en Italia, fueron las mujeres subalternas silenciadas las que salieron en masa para desafiar la autoridad de la Iglesia y salvar la ley.

Objeción de conciencia
Un defecto clave de la Ley 194 es que permite la «objeción de conciencia» por parte de los profesionales médicos. En el 60 por ciento de los hospitales italianos, el personal médico al completo es objetor y en todo el país solo el 30 por ciento de los ginecólogos practica interrupciones voluntarias.  A menos que la vida de la mujer esté en peligro, ginecólogos, anestesistas y enfermeros pueden negarse a practicar un aborto por razones éticas o de creencias religiosas.

Según un ginecólogo con el que he podido hablar, existían tres tipos de objetores a finales de los ’70: aquellos que objetaban en el sistema público de salud, pero practicaban abortos en sus clínicas privadas (y aún lo hacen), auténticos católicos y aquellos que decidían dejar de practicar abortos porque se había convertido en la única actividad médica que realizaban y les resultaba demasiado dura de soportar.

Hoy día, la objeción resulta una elección fácil en la carrera de un ginecólogo: el aborto es una operación quirúrgica sencilla y ofrece pocas recompensas en términos de éxito profesional. Además, cuando el jefe de un departamento de obstetricia es objetor, la objeción se convierte en un camino hacia el ascenso. La LAIGA, una asociación de ginecólogos que se oponen a la objeción de conciencia, denuncia que los no-objetores en el sistema italiano de salud sufren a menudo acoso laboral, además de ser discriminados y aislados.

Desde que el aborto es un derecho constitucional en Italia, los hospitales están obligados por ley a ofrecer esta práctica a sus pacientes. Si todo el personal médico que trabaja en un hospital es objetor, la dirección del departamento deberá poner a disposición de las pacientes un médico de otro servicio. Pero esto ocurre raramente. A menudo, las mujeres son forzadas a dejar su provincia, su región, o incluso el país para poder abortar.

Un derecho menoscabado
Desde la aprobación de la ley en 1978, las mujeres italianas han enfrentado ataques incesantes a sus derechos sociales y reproductivos. La Junta de Gobierno de la ciudad de Roma ha votado recientemente a favor de cerrar la Casa Internacional de las Mujeres, uno de los lugares más icónicos del feminismo italiano. En el cuarenta aniversario de la Ley 194, el Ministerio de Salud ha publicado un documento oficial sobre la aplicación de la misma: el número de abortos legales ha caído sistemáticamente desde 1983 (234.801), alcanzando su mínimo histórico en 2015 (84.925).

Cuarenta años después, alrededor del 70 por ciento de los ginecólogos en Italia no practica abortos. La cifra está en aumento, y en algunas regiones donde ésta se aproxima al 90 por ciento, interrumpir un embarazo puede ser tan difícil como si fuese ilegal. Hoy día, en toda Italia tan solo 1.408 ginecólogos realizan el procedimiento completo. Por este motivo, los abortos ilegales van en aumento, especialmente entre mujeres migrantes que no tienen acceso a los servicios públicos de salud. Se estima que en Italia se practican al menos 20.000 abortos ilegales cada año.

En 2009, Italia fue uno de los últimos países europeos en introducir la RU-486 o Mifepristona, más conocida como «píldora del día después», bajo normas de uso altamente restrictivas. El aborto farmacológico está permitido solo en las siete primeras semanas de embarazo (contra las nueve semanas previstas en cualquier otro lugar de Europa) y requiere tres días de hospitalización, mientras que el aborto quirúrgico es un procedimiento ambulatorio. Como resultado, aunque el aborto farmacológico es menos invasivo que el aborto quirúrgico, el primero se utiliza únicamente en el 16 por ciento de las IVEs.

Incluso el Comité Europeo de Derechos Sociales (CRIN) ha condenado a Italia por violar los derechos de las mujeres debido a los efectos restrictivos que la objeción de conciencia tiene en términos de acceso al aborto. La situación está empeorando, pero también ganando atención a nivel mundial, gracias a los movimientos feministas que categorizan esta situación como una forma de violencia basada en el género. El colectivo Obiezione respinta [Objeción rechazada, N. del T.] está creando un mapa de los hospitales y las farmacias a nivel estatal para ilustrar la negación institucional de los derechos reproductivos.

Por una sociedad distinta
Para el cuarenta aniversario de la Ley 194, el movimiento Non una di meno (NUDM) tomó las calles durante dos días. NUDM intenta llamar la atención sobre la violencia durante el parto, los altos impuestos de los productos para mujeres, la discriminación contra las mujeres migrantes en el sistema de salud y la total aplicación de la Ley 194. El movimiento está entrando en contacto con luchas transnacionales por los derechos reproductivos, que van desde Argentina a EEUU, desde Polonia (donde miles de mujeres han ido a la huelga para defender el aborto) hasta Irlanda, donde el referéndum #RepealtheEight, que tuvo lugar el pasado 25 de mayo, acabó con una enorme victoria para el movimiento pro-elección.

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En el ámbito de los derechos reproductivos, Italia y Argentina tienen dos puntos en común: uno, la influencia política de la Iglesia católica, y dos, una legislación que admite en ambos países la «objeción de conciencia». En Argentina, actualmente los protocolos para la objeción de conciencia se establecen localmente, mientras que la ley que se discutirá próximamente en sede legislativa prevé una regulación a nivel estatal. Hoy día es aún posible para los médicos declararse «objetores parciales», es decir, decidir caso por caso. Esa posibilidad resalta la naturaleza ideológica -y no ética- de la «objeción de conciencia». De hecho, igual que solía ocurrir en Italia antes de la Ley 194, los «objetores de conciencia» en la Argentina de hoy lo son en los hospitales públicos, mientras que practican IVEs en sus clínicas privadas.

No obstante, esta batalla no trata únicamente de los derechos individuales de las mujeres. También pretende que «cualquier legislación sobre el aborto regule la libertad, establezca y proteja las condiciones de reproducción de la sociedad como un todo». En Italia, Lorenzo Fontana, nuevo ministro de extrema derecha que llevará la cartera de Familia y Discapacidad, es miembro del movimiento católico anti-elección. Aquí y en cualquier otro lugar, en un momento en que los movimientos fascistas y sexistas anti-elección están aumentando su presencia en parlamentos y hospitales públicos, la lucha por los derechos reproductivos se expande más allá de sus propios límites. Se convierte en una lucha global por la liberación, por sociedad distinta, basada en la autonomía y la autodeterminación.